En San Lázaro, se aprobó, en lo general, reformas para considerar como delincuencia organizada y un riesgo para la seguridad nacional la emisión de facturas a través de empresas fantasma y aplicar prisión preventiva oficiosa si la defraudación fiscal por esta vía supera los 7.8 millones de pesos.
Los cambios a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; a la Ley de Seguridad Nacional, así como a los Códigos Fiscal de la Federación, Nacional de Procedimientos Penales y Penal Federal fueron avaladas por 318 votos; en contra recibió 121 sufragios y dos abstenciones.
RECHAZAN TERRORISMO FISCAL
PAN y PRI presentaron mociones suspensivas para impedir la votación del dictamen, pero fueron rechazadas.
“El grupo parlamentario del PRI rechaza el terrorismo fiscal”, aseguró la diputada Mariana Rodríguez.
Incluso, aliados de Morena como el diputado del PES, Iván Pérez Negrón alertaron sobre los riesgos de que estas reformas sean empleadas con intención política por algunos funcionarios.
EN CONTRA DE ACTIVIDADES ILÍCITAS
Morena, en voz de la diputada Paola Tenorio, defendió su propuesta.
”El gobierno actual busca la transformación democrática generando mayor crecimiento y una justa distribución al fin de la riqueza. Para lograrlo es necesario erradicar la corrupción, la simulación y las acciones al margen de la ley.
“Una de las formas en que se manifiestan los actos de corrupción es mediante empresas constituidas con el propósito de defraudar el erario público y lavar dinero procedente de actividades ilícitas”, dijo.
PASAN AL EJECUTIVO
Los legisladores discutieron propuestas de cambios a algunos artículos reservados por diputados de oposición a Morena, pero ninguna pasó.
Los cambios pasarán al Ejecutivo para su promulgación; entrarán en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.